Centroamérica –siete países, incluyendo Belice y Panamá-,  es una región de diversidad de riquezas naturales y socio-culturales, además, de suma importancia geoestratégica –el istmo es el espacio más estrecho que conecta la América del norte y la América del sur y el océano Atlántico con el Pacífico-; acá se encuentra el Canal de Panamá que une a estos dos últimos.

Con estas riquezas naturales y socioculturales convive una inmensa mayoría de su población con muy pobres niveles de desarrollo económico y social y con poca capacidad para cubrir sus necesidades humanas básicas mínimas.

Durante las últimas décadas del siglo pasado -1960´s -1990´s- la región fue el escenario de sangrientos conflictos violentos  que han dejado enormes secuelas de muerte y destrucción.

Internacionalmente se le consideró una zona de “peligro para la paz y la estabilidad mundial”, se le consideró como una de las últimas confrontaciones “calientes” de la “guerra fría”.

Poco a poco y con los cambios que se sucedieron en los escenarios internacionales –la caída del muro-, mas procesos de reformas internas orientadas a la democratización y al respeto de los derechos humanos la región finalmente alcanzó su “pacificación”.  Las guerras internas en Nicaragua,  El Salvador y Guatemala, que involucraron a todo el entorno regional,  llegaron a su fin.

El 29 de diciembre de 1996, después de haberse alcanzado acuerdos de pacificación en Nicaragua -1990- y luego en El Salvador -1992-, se firmó en la Ciudad de Guatemala el último de una serie de acuerdos (más de diez años de negociaciones políticas entre los representantes del gobierno y las guerrillas) que pusieron fin a la violencia política de uno de los conflictos violentos más antiguos de América Latina el cual, desgarró profundamente a la sociedad guatemalteca por más de tres décadas –desde los años 60´s- y dejó una secuela trágica de más de  250 mil  muertos, más de 40 mil detenidos-desaparecidos   y el desplazamiento forzado, interno y externo, de más de dos millones de personas.

Guatemala está señalada en su historia reciente por la aplicación de prácticas oprobiosas de guerra –genocidio- principalmente en contra de la población indígena.  Hoy muchos de los familiares de personas “capturadas- desaparecidas” son reclamados por familiares que reclaman saber por qué,  justicia y reparación en un contexto de impunidad ante la justicia. 

Durante el tiempo del conflicto armado, en aplicación a la llamada Doctrina de Seguridad Nacional impulsada por los Estados Unidos, centenares de líderes sociales,  trabajadores, religiosos, estudiantes, campesinos, indígenas, profesionales, intelectuales, sindicalistas, hombres y mujeres, indígena y ladinos, etc. fueron eliminados, exiliados o desaparecidos bajo el señalamiento de considerárseles comunistas, guerrilleros, subversivos o apoyo o base de los guerrilleros comunistas.  Bajo la lógica de esa doctrina de “seguridad nacional” aplicada por los gobiernos militares la demanda social se consideró atentatoria a la seguridad del estado y fue perseguida y eliminada. El saldo de esta coacción institucional fue el debilitamiento de la sociedad civil, afectando en la actualidad su capacidad de participación plena en los escenarios políticos y económicos del país (Guatemala Memoria del Silencio, Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, Tomo V, p.35).

La Firma de la Paz trasladó la dinámica de la confrontación bélica a los escenarios políticos planteando diversos desafíos a la capacidad creativa y de acción de la sociedad  guatemalteca en términos generales.

Hoy, a más de quince años de tan importante evento social, a pesar de que podemos decir que se han producido importantes cambios políticos y sociales orientados a la democratización de la sociedad –se ha desmilitarizado el estado, ha desaparecido la represión política, hay amplios niveles de pluralismo político y se respeta el derecho a opinar, el reconocimiento de derechos a los pueblos indígenas y su emergencia como actores políticos, procesos electorales relativamente limpios, el respeto a los derechos humanos, etc., también tenemos que señalar que confrontamos múltiples problemas, un “déficit” en la construcción democrática y en la construcción de la paz.

Los indicadores sociales y económicos reflejan el incremento de las disparidades sociales y el incremento de la exclusión y la pobreza, una de las causas que se argumenta dieron origen a la violencia del conflicto armado interno. 

A pesar de que Guatemala (país ubicado en el puesto 131 de 187, según el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas 2011, el segundo más pobre de América Latina y uno de los países más desiguales de la región) es un país de una enorme riqueza natural y cultural, seguimos siendo una sociedad muy pobre, más del 50% de la población es pobre  a pesar de que desde el inicio de los llamados “gobiernos democráticos”, en 1986, ha habido “crecimiento económico”.  La pobreza se concentra, principalmente, en las zonas rurales y fundamentalmente afecta a los pueblos indígenas -mayas, garífuna y xinca-.

Hoy, mucho de las luchas por la paz, se centran en la discusión de acciones que tienden a romper con la exclusión social, a la implementación de un modelo de desarrollo incluyente que tome en consideración los intereses de todos los sectores sociales y no solamente el de las grandes empresas transnacionales y sus aliados nacionales y al ejercicio pleno de los derechos. El impacto de la liberalización económica –la privatización de los servicios públicos y la firma de acuerdos de libre comercio o de asociación-  también ha incrementado las asimetrías sociales y económicas en el país generando mayores conflictividades, principalmente vinculadas a la solución de las necesidades básicas humanas que desbordan hasta alcanzar la violencia.

También han emergido otras fuentes de violencia vinculadas al tema de las drogas, nuestra posición geoestratégica nos envuelve principalmente como puente de paso al tráfico que viene del sur para su consumo en el norte.  Estos hechos penetran la sociedad y el estado democrático, de por si debilitado,  limitan las posibilidades de desarrollo de las infantas democracias centroamericanas acosadas desde diversas perspectivas.

Vemos con preocupación y temor que en Guatemala se implementan acciones que nos retornan mentalmente a los tiempos de la militarización estatal.   Bajo el concepto del respeto a la ley se judicializa  la acción y la demanda social y se ha retornado a la vieja práctica del amedrentamiento y asesinato de dirigentes sociales.

Las luchas campesinas por el derecho a la tierra, el respeto y la promoción de los derechos de los pueblos indígenas, el derecho a la educación, a la salud, al trabajo, a la posibilidad de una vida con oportunidades, el respeto a los derechos humanos, a la justicia pronta, etc. están  plasmados en los Acuerdos de Paz y chocan frontalmente con las políticas de los diferentes gobiernos, basadas principalmente en las visiones liberales de la economía y en beneficio de los grupos tradicionales de poder económico y político.

Desde nuestra perspectiva, los conflictos y su fase negativa, la violencia, en términos generales se han multiplicado y la poca cultura y habilidad para abordar esas situaciones conflictivas de maneras constructivas hacen que mucha gente sufra hoy por causa de ello.

La violencia rompe con la vida y desgarra comunidades, destruye sociedades y economías, reduce el acceso de la gente a los servicios básicos y se convierte en un círculo vicioso que afecta de diferentes formas a la sociedad y sirve para que intereses poderosos mantengan su poder.  La violencia de las estructuras sociales, económicas y políticas también inhibe a los individuos en el pleno desarrollo de su ser, la violencia anula la estima, la capacidad creadora y la posibilidad de soñar.

El reto de la construcción de la paz se desarrolla bajo condiciones adversas a las capacidades del liderazgo social, si bien es cierto hemos roto en un alto porcentaje la visión de la violencia como método de plantear nuestras demandas sociales –hoy ya hablamos de la necesidad de las “mesas de diálogo” como mecanismos de relación entre actores sociales y funcionarios de gobierno- las habilidades para desarrollar procesos de acción y negociación exitosos aún son débiles.   Necesitamos transformar la cultura de la violencia y el autoritarismo en una  “cultura de paz y de democracia” compartiendo práctica y reflexión teórica  sobre nuestro actuar en términos de visibilizar los conflictos como oportunidades importantes para producir cambios, para medir y ajustar relaciones de poder, en nuestros procesos de negociación, mediación e influencias políticas, en el mejoramiento de nuestras relaciones etc.

Es imperante y  por tanto, necesario impulsar procesos educativos que tiendan a promover y reforzar la cultura del diálogo y a visibilizar sus posibilidades, a identificar la conflictividad como promotora de cambio social y el papel que podemos jugar como actores sociales en la construcción de la paz, al incremento y desarrollo de habilidades para mejorar las capacidades de acción efectiva en la negociación, el análisis de los conflictos, en el desarrollo de una estrategia coherente y posible, a identificar y valorar nuestras fuentes de poder, a saber construir aliados y a construir relaciones de cooperación entre las partes para tener capacidad para ver hacia el futuro que permita luego tratar esas relaciones que se afectan durante la intensidad del conflicto, aprender de la necesidad de la reconciliación entre nosotros como seres humanos y con la misma naturaleza.

La transición democrática, la construcción de la paz y la reconciliación sólo es posible con la participación de actores capaces de hacerla posible –la gente- en marcos de lucha y participación política democrática y noviolenta. 

Hoy más que nunca es necesario contar con una sociedad civil fuerte y eficiente que sea capaz, con sus demandas y su accionar, construir un estado democrático fuerte.  De ese espacio político salen los dirigentes políticos nacionales e internacionales y la paz del mundo está –una parte- en sus manos.

Las profundas transformaciones sociales que se han producido en los contextos globales también han dado  importantes oportunidades en el avance de los estudios sobre el conflicto y las diversas y múltiples maneras para su abordaje y atención así como los procesos vinculados a la construcción de la paz a nivel mundial.

El PazCi es un centro educativo que promueve la educación para la paz promoviendo la comprensión y estudio de los conflictos en la vida social y las vías para su transformación noviolenta.